Según explicó el letrado, los trabajadores formaban parte del área técnica de la empresa de transporte Santa Ana y, a comienzos de este año, iniciaron un reclamo judicial por diferencias salariales. A partir de dicha acción, la empresa habría tomado conocimiento del planteo y convocado a los empleados a una reunión.
Espada : “la empresa al tomar conocimiento de dicho reclamo judicial cita a todos estos trabajadores a una reunión en donde, si bien se aclara que no se trataba de ningún apriete se hace efectiva la amenaza dónde dicen que si no bajaban ese juicio, no sólo iban a ser despedidos sino como resultado de las licitaciones dónde iba a quedar sólo la empresa Santa Ana y la empresa El Urbano, el gerente les informa que él iba a ser personalmente las gestiones para que nunca más sean contratados dentro de lo que es el rubro del transporte público de pasajeros”.
En ese encuentro, siempre de acuerdo a lo manifestado por Espada, se les habría advertido que, en caso de no desistir del reclamo, podrían ser despedidos. Además, se les habría indicado que, en el marco de futuras licitaciones en el sector, donde operarían únicamente determinadas empresas del rubro, se realizarían gestiones para impedir que los trabajadores vuelvan a ser contratados en el ámbito del transporte público de pasajeros.
El abogado sostuvo que, pese a estas advertencias, los trabajadores decidieron continuar con su reclamo judicial, tras lo cual se concretaron los despidos, situación que consideran como el cumplimiento de las amenazas previamente formuladas. En este sentido, Espada señaló que los denunciantes cuentan con una prueba clave: una grabación de la reunión mencionada, la cual ya fue incorporada a la causa penal y se encuentra a disposición de la Justicia para su análisis.
“El caso excede el ámbito estrictamente laboral”, indicó el abogado, al tiempo que remarcó que las normativas laborales regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero que en esta situación “se habría traspasado ese límite”, configurándose un presunto delito penal. Finalmente, el letrado expresó que los ex trabajadores aguardan el avance de las medidas investigativas correspondientes, con el objetivo de que se determine la veracidad del material presentado y se haga justicia en el ámbito penal.
