El documento especifica «el contexto en la provincia respecto a las garantías constitucionales de los dirigentes sociales y políticos que se viene sucediendo en los últimos años, poniendo el foco en el gobierno provincial y al avance de Gerardo Morales sobre funciones que no son de su competencia», se indicó en un comunicado.
«Lo que percibimos en términos generales es que la policía, el gobierno provincial, el Departamento Contravencional y el Ministerio Público de la Acusación, permanentemente utilizan estrategias que incumplen en términos amplios obligaciones básicas en materia de derechos humanos y protesta social, como la de respetar, proteger, facilitar y promover, absteniéndose de impedir y obstaculizar las protestas sociales», acusaron.
La presentación se realizó ante el Juzgado de Control N°2 de la provincia, a cargo del juez Jorge Zurueta, por parte de referentes del Movimiento Evita, MTE, CCC, Nuestramérica, Frente Popular Darío Santillán, MAP, ORP, SOMOS-Barrios de Pie, Llankaj Maki y Barrios de Pie- Libres del Sur. Se enmarcó en una movilización convocada este martes por organizaciones que pidieron la inmediata liberación de dos dirigentes sociales detenidos la semana pasada tras encabezar reclamos por mayor asistencia del gobierno: Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Chorolque, del MTR 12 de Abril.
«Ese día, se expuso el malestar producto de una gestión de política de pobreza para muchos; donde los trabajadores jujeños tenemos sueldos de indigencia y pobreza, una provincia con 300% de déficit fiscal; con un 88,3% de pérdida salarial y una deuda provincial de 197 mil millones de pesos», detallaron. Añadieron que hay «numerosa jurisprudencia emanada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el deber de no hacer uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta» y «mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal o contravencional».
Afirmaron que en Jujuy hay «arbitrariedad» en los procesos judiciales iniciados, «para mantener privados a los dirigentes penalizados, cuando se trata de delitos excarcelables». Apuntaron además que hay «fiscales designados específicamente a la persecución y a coartar el derecho a la protesta en una situación de recrudecimiento de la crisis económica en la provincia y en el país».
Las organizaciones dieron cuenta de «preocupantes acciones de inteligencia que realiza la Policía de la Jujuy sobre las organizaciones sociales», con «numerosas oportunidades» en las que han «sufrido infiltraciones por parte de personal policial en sus columnas de manifestantes», mientras «son permanentemente fotografiados y filmados cuando realizan protestas, tanto por personal uniformado como por personal de civil».
