Fuentes del Ministerio Público Fiscal Federal informaron que la jueza dictó el auto de elevación a juicio para Juan Soria Villalba y María Ester Arroyo, considerados líderes espirituales de una secta religiosa, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el uso de intimidación y por la calidad de ministros religiosos, en concurso real con lesiones leves, en calidad de coautores.
Al resolver, Catalano tuvo en cuenta lo ocurrido el 27 de septiembre pasado, cuando se desarrolló la audiencia de control de la acusación en la que el fiscal general Eduardo Villalba ratificó la imputación penal y presentó las pruebas del caso, sin que se hayan planteado controversias desde la defensa. Allí, Villalba ratificó la teoría expuesta el 29 de diciembre pasado, cuando formalizó la investigación penal contra ambos acusados.
En la ocasión, el fiscal sindicó a ambos imputados como líderes espirituales en el templo ubicado en calle 16 de Septiembre 338, en Villa San Antonio, a pocas cuadras del casco céntrico de la capital salteña. Villalba explicó que la pareja captaba a personas en estado de vulnerabilidad, que luego eran explotadas en su beneficio, lo que se concretaba como parte de actividades religiosas dirigidas a venerar a San La Muerte, dentro del credo umbanda y kimbanda.
La investigación inició en mayo del año pasado, cuando la pareja de una joven captada por los acusados reveló que había cedido a los dos acusados el usufructo de un vehículo que le había regalado a ella. Además, aseguró que también les proporcionaba el dinero que ganaba producto de servicios sexuales a cambio de que el «santo» que veneraban intercediera a su favor. Esta situación de sometimiento a través de metodologías de adoctrinamiento y aislamiento con la aplicación de castigos también fue constatada en otra víctima.
De acuerdo con los elementos recabados, en ambos casos los líderes del templo impusieron a las fieles la obligación de ofrendar todo el dinero de sus ganancias para utilizarlo en la adquisición de la propiedad de un inmueble, y también se valían de esos fondos para solventar sus necesidades temporales. La fiscalía recordó que, con los elementos de prueba recabados, dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (Protex), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mangano y del fiscal general Marcelo Colombo.
En consonancia con la fiscalía, y ante la falta de controversia de la defensa, la jueza calificó el caso como sensible y de alto impacto, por lo que la sociedad tiene «derecho» a conocer lo sucedido, con lo cual celebró que la investigación llegue a la etapa de juicio oral y público.
